Coronel (RA) Hugo Bahamón Dussán
Promotor del Partido Nuevo y Limpio
Es una verdad irrefutable que la seguridad es un bien que se consigue cuando existe el imperio de la ley.
En otras palabras, no puede existir seguridad en una sociedad en que exista la impunidad.
Las fuerzas de seguridad del estado tienen la obligación de hacer cumplir la ley, el aparato judicial tiene la obligación de llevar a la cárcel a quien la incumpla y el sistema de prisiones tiene la obligación de hacer que quien incumpla la ley pague por ello.
Si alguna de estas tres premisas no se cumple, todo el proceso fracasa.
Lo que está pasando en Colombia es que ninguna de las tres está cumpliendo con su obligación.
Las fuerzas de seguridad del estado se han convertido en sujetos de burla, y en ocasiones víctimas de los criminales, debido a una absoluta falta de respaldo institucional y una deshonrosa obsecuencia de los generales.
En otras palabras, los criminales no temen ni respetan a las fuerzas de seguridad del estado y, con base en ello, han fortalecido sus feudos en lo urbano y en lo rural hasta situaciones indignantes.
La justicia está enredada con una legislación que parece hecha para favorecer al criminal antes que para castigarlo y su última adición, la justicia especial para la paz o JEP, es un esperpento jurídico nacido de unos acuerdos de paz ilegítimos que se ha convertido en la más grande frustración para las verdaderas víctimas y motivo de inmensa alegría para los victimarios.
Además, el sistema de justicia ha demostrado ser absolutamente inoperante contra los grandes desfalcos hechos al presupuesto por la “caterva de descastados”, lo que ha convertido esos millonarios desfalcos en ejemplo a seguir por todos los políticos corruptos que se sienten sobre seguros de poder disfrutar esos dineros robados, con total impunidad.
Por último, el sistema carcelario es una universidad del crimen en la que quien llega debe empezar a pagar por su protección a los jefes de las bandas internas y a los guardias, puede continuar delinquiendo desde su celular, tiene privilegios de acuerdo con su pasado status político, puede recibir visitas extra conyugales y, si cuenta con suficientes recursos económicos para sobornar a las directivas de la cárcel, puede llevar una vida de rey, protegido como soberano y con ocasionales salidas mientras pasa el reducido tiempo de su condena para poder salir a disfrutar de la inmensa cantidad de millones de pesos que le ha robado al estado, si es de cuello blanco, o producto de sus negocios criminales si es de fusil.
En otra palabras, el sistema carcelario en Colombia es algo que no produce temor ni respeto y mucho menos está diseñado para corregir al delincuente y volverlo útil a la sociedad.
Pero es aquí cuando llegamos a la “pepa de la fruta”.
Cuando hablo de que no puede existir la impunidad, me refiero a la impunidad de los criminales de fusil y también a los criminales de cuello blanco.
La principal razón de la existencia de la justicia es desmotivar al criminal para que no siga delinquiendo y en especial desmotivar al ciudadano para que no empiece a delinquir.
Esa premisa se aplica para ambos tipos de criminal.
El ejemplo de un violador que termina de congresista es tan nefasto como el de un político corrupto multimillonario disfrutando impunemente de los millones que le robó al estado.
Ambos son iguales de dañinos y perversos para el fundamento de la justicia.
La solución, entonces, para alcanzar la seguridad es acabar con la impunidad.
Para acabar con la impunidad es necesario hacer unas profundas transformaciones en los tres aparatos que conforman el sustento de la ley.
Primero:
Las fuerzas del orden deben volver a tener todas las garantías para actuar en forma contundente, con todo el poder de las armas, en todo el territorio nacional y contra todos los criminales.
Segundo:
El aparato de justicia debe modificarse para que desde el más elevado político o jefe de banda criminal hasta el delincuente de menos rango, pague con su propio pecunio todo el dinero mal habido y con su libertad todo el mal hecho, de tal manera que el castigo sea algo verdadero y de temer.
Tercero:
El sistema carcelario debe sufrir una transformación profunda y total para que el tiempo que pase el criminal en prisión sea un verdadero ejemplo desmotivador para cualquier potencial criminal de fusil o de cuello blanco y deje de ser la extensión segura del delito en lo que se han convertido nuestras cárceles.
El Partido Nuevo y Limpio se compromete a llevar a cabo estas tres transformaciones.
Esperamos la visita a nuestra página web:
http://www.partidonuevoylimpio.com
A partir del 1 de enero de 2024.
¡Colombianos, no hay marcha atrás!
¡Atrás está el abismo!
Partido Nuevo y Limpio.
